El Comité de la Liga Profesional se reunirá este martes desde las 13 en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Entre los temas que se tratarán se encuentra el debate sobre si se levantará o no el paro de la fecha 9 del Torneo Apertura. Para el encuentro están convocados los 30 representantes de los clubes de Primera División. Si bien se tratarán temas vinculados a la economía de los clubes que componen la Liga y aspectos organizativos del 2026, el foco pasará por el levantamiento (o no) del paro. Si se mantiene la medida, se analizará cómo se reprograma la fecha 9, que debería disputarse entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo.
La medida se decidió en la reunión del Comité de la semana pasada, en la que se votó de manera unánime realizar el paro en repudio a la embestida del Gobierno a la Asociación del Fútbol Argentino. Los únicos dos clubes que no formaron parte de ese último cónclave fueron Boca (justificado por el viaje a la Copa Argentina) y Estudiantes (ausente en las últimas citas). Esto se da en el marco de la causa que investiga presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según expresa la denuncia del ARCA, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Ante esto, AFA planteó que «no tiene deuda alguna exigible» con la Agencia de Recaudación y que estas atribuciones «fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad».
Luego de la confirmación del paro en señal de respaldo a la conducción de AFA, el Ministerio de Justicia anunció la designación de veedores con el objetivo de fiscalizar documentación y revisar presuntas irregularidades administrativas. A modo de respuesta, la AFA emitió un comunicado en el que afirma que si se decide impulsar una veeduría esta sería «ilegítima» y confirma que realizará presentaciones judiciales para que «la medida sea desestimada, tal como ocurrió con el caso Bullrich». «La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley», remarca y agrega que realizará «las presentaciones judiciales correspondientes para que esta medida sea desestimada, tal como ocurrió con el precedente Bullrich».
Luego, remarca la contradicción entre el Inspector General de Justicia, quien señaló que la veeduría era una «mera ‘medida preparatoria’, un relevamiento de información» y el comunicado oficial que «califica los hechos que se investigan como ‘graves irregularidades'». «Si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones (multas, intervención, cancelación de personería). Pero no lo hace», agrega AFA. Por otro lado, la casa madre del fútbol argentino asegura que los balances de entre 2017 y 2024 «fueron presentados en tiempo y forma y se encuentran con ‘vistas pendientes’ de contestación». «El balance 2025 no fue presentado ante la IGJ porque, desde noviembre de 2025, la AFA tiene su domicilio legal inscripto en la Provincia de Buenos Aires», remarca. Además, explica que el cambio de dirección, que para la IGJ es «falsa», el mismo «fue aprobado por la autoridad provincial competente y que la inscripción en la Provincia es un acto administrativo válido y vigente».
Para concluir, AFA responde: «Esa confesión deja al desnudo la verdadera naturaleza de la medida. No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales».
Fuente: Doble Amarilla
